Contradicciones de la subvención para la clase media

Juan Eduardo García Huidobro

Académico de la Universidad Alberto Hurtado.

El Ejecutivo ha puesto suma urgencia al proyecto que crea una subvención escolar especial para los sectores medios. Esta acción no ha concitado interés periodístico ya que se ha dado en un momento en el que la PSU, el “ranking”, el ingreso a las Universidades y el “caso” de la Universidad del Mar han copado el espacio destinado a educación. Una de las pocas voces que se han oído ha sido la del Movimiento 2020 que calificó la iniciativa como un “torpedo bajo la línea de flotación” a la Ley SEP.

¿En qué consiste la iniciativa?

En un primer análisis, pareciera que se propone enriquecer la Ley de subvención escolar preferencia (SEP) que acordó un subsidio especial para los estudiantes que pertenecen a hogares situados en los quintiles I y II de la distribución del ingreso (el 40 % más pobre), generando un nuevo subsidio de un monto menor para el quintil que sigue (tercer quintil), que el proyecto identifica como “clase media”. Hasta acá todo parece razonable y equitativo, máxime que cuando estamos hablando acá de sectores medios nos estamos refiriendo a familias que tienen un ingreso familiar promedio bajo ($ 500.000 mensuales aproximadamente).

Esta nueva subvención les da más plata a los sostenedores y no les exige nada a cambio. Más aún, premia con este nuevo aporte a los sostenedores que atienden a estudiantes pobres (I y II quintil) y que, en su momento, decidieron no asumir los compromisos que implicaba ingresar a la SEP. En buenas cuentas, esta subvención resulta un beneficio claro para los sostenedores y no asegura ninguna ventaja a los estudiantes pobres a quienes está dirigida, ya que no garantiza ninguno de los bienes que la fundamentación del proyecto promete.

Sin embargo, una lectura más atenta permite ver que lo anterior es un espejismo y que se trata de una iniciativa muy distinta a la SEP. Por una parte, esta subvención no se circunscribe a los estudiantes del tercer quintil sino que puede ser recibida “por aquellos alumnos que no perciban subvención escolar preferencial, y cuyas familias sean caracterizadas dentro del 60 % más vulnerables del total nacional de familias”; en claro, alumnos del tercer quintil que antes no tenían derecho a las SEP y ahora podrán ser beneficiarios de esta nueva subvención y alumnos que perteneciendo a los dos primeros quintiles no eran objeto de subvención preferencial porque asisten a colegios cuyos sostenedores no entraron a la SEP porque no quisieron asumir las obligaciones asociadas, a saber, no estuvieron dispuestos a comprometerse con un proyecto de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación ofrecida por sus establecimientos, ni a dejar de cobrar financiamiento compartido a los beneficiarios SEP.
¿Cuáles son las contradicciones de esta subvención para la clase media?
La justificación de la SEP fue clara: en los logros escolares no solo actúa la escuela sino que es también muy influyente el entorno familiar y social de los estudiantes. Siendo esto así y dado que se busca que todos los estudiantes, independientemente de su origen social, logren resultados semejantes en la escuela, es necesario darles un trato especial, de ahí el atributo de “preferencial”, a quienes vienen de familias más pobres y más alejadas de la cultura letrada. Hoy los establecimientos incorporados a la SEP que atienden a los estudiantes del 40 % más pobre perciben una subvención mensual de hasta $ 32.000 adicionales por estudiante (un 63 % más) y, a cambio, se comprometen a mejorar la educación que entregan y a no cobrar financiamiento compartido a los estudiantes SEP.
Esta nueva subvención les da más plata a los sostenedores y no les exige nada a cambio. Más aún, premia con este nuevo aporte a los sostenedores que atienden a estudiantes pobres (I y II quintil) y que, en su momento, decidieron no asumir los compromisos que implicaba ingresar a la SEP. En buenas cuentas, esta subvención resulta un beneficio claro para los sostenedores y no asegura ninguna ventaja a los estudiantes pobres a quienes está dirigida, ya que no garantiza ninguno de los bienes que la fundamentación del proyecto promete.
En efecto, el proyecto en su fundamentación expresa la necesidad de “exigir a todos los establecimientos escolares un compromiso de excelencia con sus estudiantes para que los nuevos recursos se traduzcan en impactos reales en la sala de clases”, pero estas exigencias no se materializan en el proyecto. Se reconoce que el costo de lograr “un mismo desempeño” es más alto, en promedio, para los niños vulnerables y se expresa la convicción que todos los alumnos pueden alcanzar buenos resultados, “siempre que se nivele la cancha para que exista una verdadera igualdad de oportunidades”. Sin embargo, a reglón seguido se valora el financiamiento compartido que va en una lógica opuesta a la de nivelar la cancha. En suma: hay dos lógicas: la de la igualdad (que en Chile no se cumple porque —lo subraya el proyecto— los más ricos tienen más plata para la educación de sus hijos) y otra éticamente muy exigente que es poner la igualdad en los resultados y no el tratamiento y, por tanto, diversificar los tratamientos dando más a los más pobres para avanzar hacia la igualdad de resultados. Lógica que el proyecto enuncia, pero que luego contraviene al aceptar el financiamiento compartido, cuyo principio es que quien más tiene más aporta y más recibe.